Las secciones sindicales 5, 35 y 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, solicitaron al secretario de Educación de Coahuila, Francisco Saracho Navarro, que se haga justicia y se ampare la figura de Asesor Técnico Pedagógico.
La reforma al artículo tercero incluye en su párrafo sexto que «las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo”, y por tanto así debe de reconocerles.
El 15 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31º y 73° en materia educativa, dando lugar a la abrogación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, y la derogación de todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias, por lo que los procesos para obtener el nombramiento definitivo al término del proceso de inducción de dos años, tal como refería la ley anterior, quedó inconcluso.
Por otro lado, en el Artículo Segundo Transitorio del mismo Decreto se menciona: «Se respetarán los derechos adquiridos de las maestras y los maestros, los cuales no podrán ser restringidos o afectados de manera retroactiva con las disposiciones de nueva creación”.
En este tenor, la Secretaría de Educación Pública emitió lineamientos administrativos para dar cumplimiento a dicho Artículo, considerando sólo a las figuras de docentes de nuevo ingreso, subdirector y director, sin haber realizado un proceso de ratificación para la obtención del nombramiento definitivo.
Desafortunadamente a los asesores técnicos pedagógicos de 32 y 42 generación no se les brindó el mismo beneficio, ni tampoco la oportunidad de ser evaluados para demostrar su idoneidad y así, poder ratificar la clave definitiva en dicha función; siendo excluidos para la obtención de la clave, con sus afectaciones correspondientes: la económica, el desconocimiento de las autoridades educativas el horario de trabajo, así como nombramientos y la desigualdad de sus derechos.
