Trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron un paro de labores, en protesta contra la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que propone la elección popular de jueces y magistrados.
El Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial emitió un comunicado en el que refrenda su compromiso de que los trabajadores en el libre ejercicio de manifestación lleven a cabo el paro de labores y cierre de instalaciones a partir de este 19 de agosto, “contarán con todo el apoyo, respaldo y defensa de la dirigencia nacional, como de los delegados de cada circuito, en todo tiempo y forma”.
”La base trabajadora de este Octavo Circuito, con sede en Torreón, Coahuila, en defensa de la independencia judicial, de sus derechos, de la carrera judicial y sobre todo, del derecho de todos los mexicanos, suspenderemos labores a partir del 19 de agosto”, indicaron.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) convocó a votar este lunes la propuesta de suspender labores a partir del primer minuto del miércoles 21 de agosto, en protesta por la reforma judicial.
Por su parte, jueza Juana Fuentes Velázquez, directora del mismo órgano, aseguró que en sus acciones evitarán restringir o suspender el ejercicio de derechos y garantías judiciales indispensables para la protección de los mismos.
También informó que el padrón de votación estará conformado por casi mil 700 personas y se realizará vía electrónica.
De manera simbólica, los trabajadores cerraron con cadenas y candados la entrada del Consejo de la Judicatura Federal, en San Lázaro, en la Ciudad de México, también en Puebla, Chiapas, Tabasco, Morelos, Baja California, Michoacán, Tlaxcala, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Durango, Tamaulipas y Sinaloa.
En caso de aprobarse el paro nacional, la JUFED emitirá una declaratoria de suspensión de labores en la que precisará cuáles son los asuntos urgentes que serán tramitados por los órganos jurisdiccionales, ya que para no perjudicar los derechos de los ciudadanos y la Constitución mantendrán la atención de “asuntos urgentes” conforme a un calendario de guardias regulares.
