El protocolo del Instituto Nacional Electoral para la atención a víctimas y la elaboración del análisis de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, brinda a la ciudadanía y a las féminas víctimas de violencia directrices claras que guíen la actuación del personal público responsable de conocer este tipo de casos, desde el momento en que se presente la queja y con el fin de evitar su revictimización.
“Lo que estamos buscando es que cuando llegue una persona a presentar una queja cada una de las personas que laboramos en el INE sepamos cómo atenderla y canalizarla a la unidad adecuada, pero también saber qué hacer cuando se esté ante casos que pueden o pudieran ser constitutivos de delito”, estableció la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, Norma de la Cruz Magaña.
Al presentar el Protocolo en el marco del Foro nacional con autoridades electorales, jurisdiccionales y legislativas locales para el análisis de los resultados del proceso electoral 2020-2021 en materia de paridad de género, violencia política contra las mujeres en razón de género e inclusión, desde una mirada prospectiva hacia los próximos comicios locales, agregó que el documento también establece las acciones para los casos en los que el Instituto no sea competente.
“Aunque no seamos competentes detectamos que hay una urgencia de dictar medidas cautelas, nos da la guía de cómo realizar este análisis de riesgo, cómo se aplican los cuestionarios, cómo podemos leerlos, qué medidas de protección se tienen que hacer, se hace un énfasis en informar a las víctimas de sus derechos y de las posibilidades de cómo hacer un mejor ejercicio de ellos”, puntualizó.
El director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Carlos Ferrer Silva, precisó que el Instituto Nacional Electoral no es una autoridad que pueda conocer, atender y remediar toda la violencia en todas sus dimensiones, pero sí debe canalizar a las instituciones y entes competentes para que las mujeres sean atendidas de manera adecuada y oportuna.
“El Protocolo se desarrolló porque en la ley no venía expresamente la atención y se elaboró un instrumento que guíe desde la presentación de la queja, hasta el final”, añadió, “lo integran los siguientes procedimientos: Atención de primer contacto a mujeres víctimas de violencia política en razón de género; análisis de riesgo; medidas de protección y un plan de seguridad.
Mencionó que el análisis de riesgo significa que se va a hacer un estudio para determinar cuál es el grado de seguridad, es decir, “el riesgo de que se repitan, aumenten, continúen conductas violentas en contra de la víctima por parte de la persona agresora”.
Las medidas de protección permanecen hasta que se resuelve el asunto, dijo, y son las custodias personal, domiciliaria, protección policial, prohibición de que la persona agresora se acerque al domicilio, o lugar de trabajo, se comunique, intimide, moleste o agreda a la víctima y que haya resguardo de armas de fuego u objetos utilizados para amenazar o agredir.
Y finalmente, el plan de seguridad, “no es una medida entendida exclusivamente de manera policiaca que en cuyo caso no correspondería al Instituto Nacional Electoral, lo que sí es, es una serie de estrategias para salvaguardar la seguridad de la víctima que tiene como finalidad prevenir y mitigar riesgos futuros”.
Ferrer Silva recordó que el INE como autoridad administrativa electoral, solamente investiga los procedimientos, puede dictar medidas cautelares y las medidas de protección, pero el fondo lo resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
