Este jueves, 26 de agosto de 2021 un juez pospuso hasta el 4 de octubre la audiencia inicial contra el excandidato a la Presidencia de México, Ricardo Anaya, acusado de recibir sobornos de Odebrecht, porque no tuvo acceso a la carpeta de investigación.
El Consejo de la Judicatura Federal informó: “Toda vez que el imputado no ha tenido acceso a la carpeta de investigación, el juez, en aras de garantizar su derecho a una defensa adecuada, reprograma para el día lunes 4 de octubre, a las 9.00 horas”.
Contra todo pronóstico, Anaya, acusado de recibir 6.8 millones de pesos (336.000 dólares) en sobornos de la trama Odebrecht, participó por videoconferencia en la audiencia, que se celebró en una prisión de Ciudad de México.
El político había anunciado su “exilio”, presuntamente a Estados Unidos, por lo que considera una persecución política del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien lo derrotó en las elecciones de 2018.
Durante la sesión, “se hizo la aclaración de que las audiencias por videoconferencia deben efectuarse dentro de territorio nacional”, expresó el Consejo de la Judicatura.
Anaya, es acusado por la Fiscalía de haber recibido 6.8 millones de pesos (unos 336.000 dólares) en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para que votara a favor en 2014 de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), que abrió el sector a la iniciativa privada.
El Ministerio Público se basa en la denuncia del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, quien el año pasado denunció a Peña Nieto y a su secretario de Hacienda Luis Videgaray de haberle ordenado entregar sobornos de Odebrecht a legisladores de la oposición para que votaran a favor de la reforma.
Anaya señaló que en la Fiscalía son unos “incompetentes” ya que su voto a favor de la reforma “fue ocho meses antes de la supuesta entrega” de dinero denunciada por Lozoya.
Este jueves aseguró que la Fiscalía usa como pruebas dos casas que recibió de su madre en 1993 y de su suegra en 1996.
Además acusó a López Obrador de intentar meterlo a la cárcel para frenar su posible candidatura presidencial en 2024, algo que el presidente ha negado y ha pedido a la Fiscalía transparentar su caso.
