El Consejo General del Instituto Nacional Electoral resolvió 60 procedimientos en materia de fiscalización en contra de partidos políticos nacionales y locales, de los cuales 56 fueron desechados, una queja fue infundada y, respecto a tres procedimientos oficiosos ordenados por el Instituto uno se declaró infundado y dos fundados en contra del Partido Verde Ecologista de México y el Partido Libre de Aguascalientes.
Este 30 de junio, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Adriana Favela Herrera, explicó que al PVEM se le impuso una sanción de 5 millones 492 mil 840.68 pesos “por omitir reportar verazmente el total de las operaciones celebradas con un proveedor”, mientras que al Partido Libre de Aguascalientes se le multó con 5 mil 914.30 pesos “por no reportar siete cuentas bancarias”.
Los procedimientos que se consideraron infundados no acreditaron los hechos denunciados o los gastos debían reportarse en las erogaciones ordinarias, agregó.
La consejera Carla Humphrey Jordan propuso estudiar y aplicar en el Reglamento de Fiscalización un criterio de oportunidad que permita que los proveedores reporten con veracidad, así como presentar mayores elementos como un incentivo para que les sea pagado el monto total que les adeuda un partido político, ya que en un caso se informó una compra a un proveedor por 150 mil pesos, cuando el saldo era de casi 2 millones de pesos.
El consejero José Roberto Ruiz Saldaña fundamentó su voto en contra de algunos proyectos, ya que no está de acuerdo con la medida de que sea el 25% el límite para la reducción de ministración en el cobro de la sanción o que se omita dar vista a los Organismos Públicos Locales por posible uso de recursos públicos, pues en su opinión, en algunos casos, primero debe haber una investigación en materia de lo contencioso y posteriormente un pronunciamiento en materia de fiscalización.
Los consejeros conocieron que, del 7 de septiembre de 2020 al 23 de junio del año en curso, se han presentado 134 quejas, denuncias o vistas en materia de Violencia Política en Razón de Género, de las cuales se determinó la incompetencia en 93 de ellas.
