El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, presentó el informe financiero que guarda la máxima casa de estudios, luego de hacer lo propio ante las comisiones de Vigilancia y Cuenta Pública y Educación de la Cámara de Diputados Federa la semana pasada.
Este 16 de diciembre, destacó la importancia de informar que la UAdeC atraviesa una difícil situación financiera, por lo que se está trabajando para superar las causas que le dan origen, entre ellas, las pensiones y jubilaciones bajo el esquema de la Dirección de Pensiones de Trabajadores de la Educación en el Estado.
Desde 2018 la Universidad ha aportado mil 779 millones para 2 mil 231 jubilados y pensionados, registrados al 30 de noviembre de 2021, y sólo se cuenta con 557 trabajadores activos, lo que representa un déficit y fondo desproporcional.
Respecto a lo anterior, el cambio al régimen de pensiones al IMSS en 1994 y las sucesivas reformas de los años 2000, 2002 y 2003, indican una disminución gradual al impacto financiero que produce el esquema anterior para el año 2027.
De acuerdo con estudios actuariales del fondo de pensiones, el problema seguirá hasta ese año e implica una desaparición total del fondo hasta el año 2066.
La afectación a las finanzas en ese rubro, además es el incremento presupuestario por debajo de la tasa de inflación los últimos 10 años; el alto costo del pago al sistema de pensiones con la Dipetre, y no se cuenta con fondos o subsidios para soportar el pago de pensiones desde la eliminación en el 2018 de la partida U081.
“La cancelación de fondos y subsidios federales que favorecían al mantenimiento de edificios, la expansión de la oferta educativa, la movilidad nacional e internacional, así como la capacitación y la formación docente, que al no contar con ellos se afectó al presupuesto de la Universidad”, explicó.
Entre las acciones que se emprenden es el ajuste de sueldos y prestaciones de los trabajadores universitarios; se implementó una política de no contratación de personal eventual y en los casos de plazas vacantes, su cobertura se sujeta a la existencia de una necesidad que justifique su contratación, en caso contrario se determina su cancelación.
Además, se realiza la revisión de nómina y plazas de personal administrativo técnicos, manuales y de personal de confianza de manera permanente y las plazas académicas por semestre; se han realizado requerimientos al personal administrativo y académico, que cuenta con más de una función al interior de la Universidad para que informen sobre sus actividades y horarios para el debido cumplimiento de las funciones que tenga asignadas.
Hernández Vélez, explicó que con base en lo dispuesto por la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Auditoría Superior deberá notificar los resultados finales de la fiscalización a la cuenta pública 2020 contenidos en ese informe, para que la Universidad lleve a cabo los procedimientos conducentes en la Contraloría General como órgano interno de control de esta casa de estudios y, en su caso, ante las instancias competentes que contempla dicha legislación.
