“Es inaceptable que aun cuando el Estado incumpla con su deber de investigar y, por ende, de juzgar delitos imputados a quienes hoy pretenden ocupar un cargo de elección popular, violando el derecho de tutela judicial efectiva a mujeres que denunciaron esos hechos, invocando el principio de presunción de inocencia, se otorgue el registro a la persona que se vio favorecida por la inactividad de las autoridades del Estado”, sostuvo la Consejera del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala Pérez.
Al moderar el Panel “Retos institucionales ante el Procesos Electoral 2020-2021”, como parte del Foro “Derechos Políticos y Electorales de las mujeres. Hacia un Proceso Electoral 2020-2021 con paridad y sin violencia política contra las mujeres”, sostuvo que los retos de las instituciones no son menores en materia de paridad de género, violencia política contra las mujeres por razón de género y buenas prácticas para implementar en el proceso electoral actual.
“Uno de los grandes retos es interpretar el derecho más allá de su neutralidad, que ha justificado un trato que por años ha discriminado a las mujeres”, aseveró.
Mencionó que las reformas de paridad en todo, de junio de 2019, y de violencia política contra las mujeres por razón de género, de abril de 2020, han permitido que las autoridades electorales busquen la forma para proteger y garantizar los derechos político-electorales de este sector.
Se ha logrado la paridad en el Congreso de la Unión y se exigirá en las 15 gubernaturas que se renovarán en el proceso electoral, mientras que en cuanto a violencia política contra las mujeres por razón de género, se cuenta con un modelo que permite dar una respuesta rápida y efectiva a quienes por el sólo hecho de apropiarse de sus derechos, son víctimas de diferentes tipos de violencia, ya sea como aspirantes, como precandidatas o candidatas a un cargo de elección popular y en el ejercicio del cargo.
En su intervención, la presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, María del Mar Trejo Pérez, estableció que mientras no exista redefinición del espacio privado con el público y del rol de la mujer en la vida privada “estará en un plano de desigualdad en el acceso al ejercicio de los cargos públicos”.
La representante de la Red “Nosotras tenemos otros datos”, Patricia Olamendi Torres, planteó los avances y retos de la violencia política contras las mujeres en razón de género y denunció que actualmente hay varios candidatos de diferentes partidos cuyas víctimas han presentado denuncias de violación e incluso de trata y de explotación infantil.
Sobre la “Medida 3 de 3 contra la violencia y su trascendencia en el proceso electoral”, la activista y cofundadora del Colectivo “Constituyentes CDMX”, Yndira Sandoval Sánchez enfatizó que estos formatos para que las personas que violenten a las mujeres no ocupen cargos de elección o formen parte de las estructuras de los partidos políticos, “representan un emplazamiento a la clase política y a las instituciones del Estado a la responsabilidad institucional y la ética pública.
