En el marco del evento “De la 3 de 3 a la 8 de 8”, el Instituto Electoral de Coahuila, el Poder Judicial del Estado de Coahuila y el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila firmaron un convenio de colaboración mediante el que se verificará el cumplimiento de las disposiciones referentes a la 8 de 8 contra la violencia, el primero en su clase a nivel nacional.
El consejero presidente del IEC, Rodrigo Germán Paredes Lozano, detalló que en 2023 se realizaron reformas al artículo 38, numeral 7, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al artículo 10, numeral 1, inciso h), del Código Electoral para el Estado de Coahuila, encaminadas a las restricciones de las personas que pretendan postularse para cargos de elección popular.
Así, quienes hayan incurrido en actos u omisiones que violenten o afecten de manera negativa a una mujer debido a género; a niños y adolescentes debido a su condición de vulnerabilidad, verán suspendidos sus derechos o prerrogativas establecidos en los artículos señalados.
“La coordinación de estas tres instituciones es necesaria para la verificación de que quienes se postulen como candidatas y candidatos a un cargo de elección popular no se encuentren en este supuesto. Sumaremos esfuerzos y colaboraremos en el intercambio de la información necesaria para garantizar el cumplimiento legal de estas disposiciones”, aseguró Paredes Lozano.
Por su parte, el presidente del Tribunal Electoral de Coahuila, Sergio Díaz Rendón, señaló que este convenio representa pasos sólidos para tener una mejor democracia.
“La 3 de 3 evoluciona a la 8 de 8, con más elementos que deben ser revisados y calificados. No exageramos, sino que es lo mínimo que se le puede exigir a una persona que aspira a ser candidata a un puesto de elección popular”, indicó.
Asimismo, el presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, celebró la suscripción del convenio y explicó que la 8 de 8 condiciona los derechos o prerrogativas para quienes no han cumplido con alguna obligación o hayan incurrido en delitos que atenten contra la vida, la integridad corporal, la libertad y seguridades sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, equiparada o doméstica; violación a la intimidad sexual, violencia política contra las mujeres en razón de género, o por ser declarada persona deudora alimentaria morosa.
“Con esta iniciativa elevará la calidad de la democracia en el Estado, de los representantes de la ciudadanía, de los funcionarios públicos”, aseguró.
