Nacional

Debe INE garantizar protección a mujeres víctimas de violencia política: Martín Faz

De cara al Proceso Electoral Federal y los 32 Locales resulta fundamental fortalecer la actuación del Instituto Nacional Electoral para garantizar la adecuada protección y acompañamiento de las mujeres víctimas de violencia, estimó el Consejero Martín Faz.

“La violencia hacia las mujeres es una amenaza a la vida democrática que tiene que ser erradicada, tanto del espacio público y privado, de la vida en pareja y familiar, del ámbito comunitario, del económico y laboral y, de manera particular, en la esfera de lo político-electoral”, sentenció.

Alertó que el arranque de los procesos y sus distintas etapas son momentos en los que se ha identificado un aumento significativo en la violencia en contra de las mujeres.

No obstante, reconoció que este fenómeno se sostiene y alimenta de una cultura patriarcal donde la violencia contra la mujer está normalizada y, por lo tanto, invisibilizada, al grado de ser aceptada junto con un amplio catálogo de prácticas comunes y que han dejado de ser cuestionadas.

Las agresiones que reciben las mujeres suelen poner en riesgo no sólo sus aspiraciones políticas, sino también su integridad física y psicológica, dijo.

En tanto, la especialista en atención a víctimas, María José Franco, habló sobre las medidas de protección existentes para atacar la violencia de género, su funcionalidad y las áreas de oportunidad que prevalecen.

Evidenció la gravedad del problema que enfrenta México considerando que durante el último proceso electoral se registraron siete precandidatas asesinadas, 301 casos de violencia y 17 más solicitaron medidas de protección.

Dijo que es en la campaña, cuando existe más competencia política, en la que se ha identificado que se presenta mayor violencia en contra de las mujeres, aunque es el ámbito municipal donde destacan las agresiones.

Enfatizó la necesidad de que quienes atiendan este tipo de casos brinden la confianza y seguridad necesarias a las mujeres a fin de que denuncien y acepten las herramientas de protección para el ejercicio de sus derechos político-electorales.