El Gobierno de Nicaragua, por medio del Ministerio de Gobernación, ordenó el cierre de otras 25 ONG, incluyendo una defensora de los derechos humanos, otra de las mujeres y del Instituto Histórico Centroamericano de la jesuita Universidad Centroamericana, ha informado el día de ayer el poder legislativo.
El ejecutivo del Presidente Daniel Ortega, de acuerdo con el voto por parte de los diputados sandinistas y sus aliados, ha ilegalizado al menos 137 ONG nicaragüenses desde el mes de diciembre de 2018, pasando ocho meses después de que estallara una revuelta popular por las controvertidas reformas a la seguridad social calificada como un intento de golpe de Estado por Ortega.
Nicaragua está pasando por una crisis política y social desde el mes de abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, con sus principales contendientes en prisión.
Las organizaciones que han resultado afectadas se encuentra la ONG, que defienden los derechos humanos, médicas, feministas, educativas, universidades, ambientalistas, indígenas, de periodistas y centros de pensamientos, entre otras.
