Ante una eventual a las reformas electorales para modificar la operatividad y estructura del Instituto Nacional Electoral, promovidas desde el gobierno de la República, consejeros del organismo se pronunciaron en contra.
“La aprobación de una eventual reforma a las leyes electorales podría trastocar profundamente el sistema electoral que México ha construido y perfeccionado durante más de tres décadas, y que hoy garantiza a los mexicanos elecciones libres y renovación de los poderes públicos en condiciones de legalidad, certeza, equidad, paz pública y gobernabilidad democrática”, señalaron en un comunicado.
“Como consejeros del INE, manifestamos nuestra preocupación, tanto por el contenido de las reformas que están discutiéndose en las Cámaras del Congreso de la Unión, como por el desarrollo del proceso legislativo.
“A pesar de que lo ofrecimos en reiteradas ocasiones, el INE nunca fue consultado sobre los contenidos de dicha reforma. Al INE no se le pidió información diagnósticos ni opinión técnica sobre los cambios propuestos”, señalaron.
“El artículo 41 constitucional establece que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, y que la función electoral, depositada en el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales, se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; condiciones que se han garantizado, sin excepción, en 330 procesos electorales federales y locales organizados de 2014 a la fecha”, añadieron.
Esto ha sido posible gracias a la autonomía constitucional del INE y a su estructura orgánica: un Servicio Profesional Electoral Nacional de excelencia; una estructura desconcentrada permanente en las 32 entidades y los 300 distritos, y una Junta General Ejecutiva con direcciones especializadas en sus respectivas atribuciones.
En ese sentido, del análisis de la reforma se advierten deficiencias que ponen en peligro la operación de los procesos electorales, consideraron.
Toda reforma electoral debe estar fundada en el más amplio consenso posible entre los actores políticos y garantizar su legitimidad a partir del apego a la Constitución y a las leyes que rigen los procedimientos legislativos.
La Constitución señala que en el INE existirán órganos de dirección, como el Consejo General y, por otra parte, órganos ejecutivos. Sin embargo, la reforma elimina a la Junta General Ejecutiva, que sería sustituida por una Comisión de Administración integrada por cinco consejeras y consejeros, desnaturalizando su función de dirección e implicándolos en tareas administrativas ordinarias como la gestión de los recursos, que son ajenas a su labor de dirección.
Además, incorpora a esa Comisión al Órgano Interno de Control, lo que va en contra de su naturaleza jurídica, que supone sólo una función fiscalizadora y no sustantiva.
“Por todas estas razones, consideramos que la reforma produciría un efecto regresivo, contrario al principio de progresividad de los derechos reconocidos constitucionalmente, y puede generar incertidumbre en torno a las reglas de la contienda electoral”, indicaron.
Hacemos un llamado a los legisladores a analizar con profundidad los impactos de los cambios propuestos y a establecer los mecanismos que consideren pertinentes para hacerles llegar toda la información técnica que requieran para tomar las mejores decisiones.
“En el INE reiteramos nuestra disposición a sostener las reuniones de trabajo que se consideren adecuadas y a colaborar para que una eventual reforma sirva para mejorar el sistema que hoy tenemos”, concluyen.
