El pasado 13 de abril, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, señaló que gobierno estatal fijaría una postura ante la petición de la Comisión Nacional del Agua de demoler la presa Palo Blanco, del municipio de Ramos Arizpe, pues se tenían datos específicos de una orden de demolición aprobada.
Esta información generó que pobladores aledaños a la presa buscaran ampararse ante la decisión de la Conagua.
Incluso durante el mes de abril, la asociación civil Amigos de Palo Blanco, colectivos amantes de la ecológica, y pobladores, se manifestaron sobre la carretera antigua Saltillo-Monclova, realizaron caravanas, labores de limpieza en los alrededores del sitio, y reunieron firmas de los visitantes para pedir que la presa no fuera demolida.
La Conagua hoy niega que exista una orden para que la presa sea demolida, y aclara que lo que ocurrió fue la reiteración de que es indispensable realizar trabajos para su mantenimiento y seguridad para que siguiera en funcionamiento, petición que existe desde el año 2015, cuando el Consultivo Técnico de la Subdirección General Técnica de la Conagua supervisó dicha obra y lo determinó.
