En la vida pública y social de nuestro país, pocas cosas se arraigan tan rápido como un programa que toca directamente los bolsillos de la ciudadanía. Tal es el caso de los apoyos sociales implementados desde el sexenio anterior, bajo la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Fue precisamente durante su gestión que se creó la Secretaría del Bienestar, instancia encargada de operar diversos programas sociales, entre ellos el conocido “65 y más”, dirigido a los adultos mayores, quienes empezaron a recibir un apoyo económico que en su momento superaba los 4 mil pesos mensuales.
Con el paso del tiempo, este recurso no solo se mantuvo, sino que se incrementó, medida que fue celebrada y agradecida por miles de beneficiarios a lo largo del país. Sin embargo, como todo en la vida, este tipo de programas tienen sus virtudes, pero también sus áreas grises.
Hoy, lo que comenzó como un beneficio ha evolucionado, en la percepción de muchos, en un derecho adquirido e irrenunciable. No es raro ver cómo, ante los retrasos en los depósitos o fallas administrativas, los beneficiarios no solo se inconforman, sino que exigen, reclaman y, en ocasiones, olvidan que, al final, estos programas son producto de decisiones políticas y presupuestales, y no una ley escrita en piedra.
La costumbre, dicen, hace la ley. Y así, lo que inició como un apoyo, ahora se percibe como una obligación inquebrantable del Estado. La paradoja es clara: si no les das, se quejan; si les das, pero tarde, también.
Más allá de críticas o aplausos, este fenómeno deja una reflexión profunda sobre cómo los programas sociales, cuando se sostienen en el tiempo, no solo impactan en la economía de las personas, sino en su percepción sobre el rol del Estado y los límites entre el derecho y la dádiva.
