*Da a conocer postura ante detención de maestro “Aldo N”, detenido por violencia intrafamiliar y denuncia de estudiante menor de edad.
La Universidad Autónoma de Coahuila reiteró su postura de Cero Tolerancia a la Violencia de Género, y mantiene activo el protocolo en los casos que se registran y denuncian en la máxima casa de estudios, particularmente del docente de la Facultad de Jurisprudencia “Aldo N”, detenido en flagrancia por violencia intrafamiliar y por denuncia de una estudiante menor de edad.
El secretario general, Víctor Sánchez Valdés, y la titular del Tribunal Universitario, Nadia Salas Carrillo, dieron a conocer la postura universitaria y el procedimiento de ambos casos registrados conforme al protocolo de actuación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género al interior de la máxima casa de estudios.
“La postura de la UAdeC es que cualquier persona que cometa violencia de género, en la Universidad no tiene cabida en la institución, así como lo establece desde el primer día la actual administración a cargo del rector Octavio Pimentel Martínez”, señaló.
“Desde el primer momento de la actual administración, cualquier persona que comete actos graves de violencia de género ya no puede pertenecer a nuestra Universidad, y en ese sentido se han tomado medidas como el fortalecimiento al protocolo y la posición del Tribunal Universitario que ha sido puntual y riguroso en el seguimiento de los casos de violencia”, dijo el secretario general.
Informó que el protocolo se activó desde el domingo 6 de octubre pasado, luego de que autoridades de la Fiscalía del Estado dieran a conocer a la Universidad la detención del docente de la Facultad de Jurisprudencia, “Aldo N”, por el delito de violencia contra su esposa.
Posteriormente, al darse a conocer los hechos, una alumna del plantel denunció al docente ante las autoridades directivas de la Facultad, por lo que el caso se canalizó al Tribunal Universitario para darle seguimiento.
Sánchez Valdés explicó que ese mismo día se habilitó el protocolo e inició de oficio la investigación y establecimiento de una medida cautelar, que busca proteger a las víctimas en todo este proceso, y se le notificó a la Facultad de Jurisprudencia que el maestro, por lo que durará la investigación, no podría dar clases ni entrar a las instalaciones universitarias.
Por su parte, Nadia Salas Carrillo indicó que se trabaja y activa el protocolo para dar certeza a la protección de las personas que son víctimas de violencia, en su atención legal, emocional y psicológica y en coadyubar con las autoridades externas impartidoras de justicia.
“El seguimiento del protocolo debe ser de manera cuidadosa y sigilosa para que el objetivo de la protección de las víctimas de violencia se siga de manera adecuada, el cual establece los pasos a seguir en cada de unas de sus etapas, por lo cual desde el inicio del caso de atención a la menor se realizó con los padres o tutores legales presentes”, detalló la titular del Tribunal Universitario.
Afirmó que el Tribunal tiene la obligación y la responsabilidad de dar parte a las autoridades competentes para analizar la posible comisión de algún delito, como se dio en este caso la notificación a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia, puesto que desde la actual administración ha habido una estrecha sinergia con las autoridades como la Fiscalía y los Centros de Empoderamiento de la Mujer en el intercambio de información de los procesos, así como en la atención a las personas víctimas de delito.
“Ha habido, hay y habrá en todo momento cero tolerancia a cualquier tipo de conducta de violencia, porque el protocolo nos exige cumplir cabalmente, ya que fue revisado por autoridades federales en materia de amparo”, señaló, “por ello la importancia de cumplirlo adecuadamente a través de las facultades que, aunque tienen sus acciones internas, estos casos deben derivar forzosamente en la instancia competente que es el Tribunal Universitario”, afirmó.
Salas Carrillo informó que actualmente se encuentran 42 procesos abiertos por distintas conductas como acoso, hostigamiento sexual, tocamiento inapropiado, ridiculización por género, insinuaciones sexuales, difusión de imágenes sin autorización de la persona que aparece en ellas, o hacer sentir mal a una persona por razón de género, donde se ven involucrados estudiantes y docentes.
Las sanciones van desde amonestación, disculpa pública o privada, la suspensión temporal, la baja definitiva y la inhabilitación para ocupar cargos de elección al interior de la Universidad, y son aplicables a cualquier persona, docente, estudiantes o personal administrativo.
Al momento se registran 23 bajas definitivas de docentes y estudiantes, 16 suspensiones temporales, y el resto son amonestaciones.
