Denuncias tras denuncias existen para la Delegación Sureste de la Fiscalía General del Estado y la Dirección de Notarios de Coahuila, por constantes actos de corrupción.
En la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales, abogados comentan que existe una red de corrupción.
Funcionarios de alto nivel contratan lideresas para apoderarse de casas, esperando un marco legal de temporalidad para que, rentando las viviendas, su pago sea cobrado por las mismas líderes de colonias.
Inclusive ofrecen un catálogo de casas de interés social que están desocupadas, para terminar haciendo fraudes a las personas que ciega e inocentemente confían en los funcionarios, pensando que serán tratos legítimos.
La Delegación Sureste de la FGE se encarga de alargar hasta por años los casos de denuncias al respecto, sin consignar, incluso destruyendo evidencia, y a cambio reciben actuarios, jueces y otros funcionarios fuertes sobornos en efectivo, fruto de la venta de estos domicilios.
Ya hay afectados que han denunciado por fraudes de hasta por 700 mil pesos, a través de la venta de propiedades en diferentes sectores de la ciudad deSaltillo.
El modo de operación consiste en promocionar casasen supuesto remate a nombre de particulares y constructoras inexistentes, donde fabrican documentos de las denominadas Carta Poder, con datos apócrifos que los nombran como representante de una inmobiliaria.
Con ello, supuestamente están autorizadas para recibir pagos en efectivo y firmar contratos de compra-venta,al igual que liberar escrituras.
Afectados denuncian abiertamente al Notario Público 28, Urbano González Santos, con domicilio en la calle Miguel Ramos Arizpe 271, casi esquina con José María Morelos, en el centro de Saltillo, quien tiene antecedentes por actos corruptos y se encarga de realizar los trámites y transacciones de dinero en efectivo.
Esto presuntamente lo hace en un domicilio del fraccionamiento Urdiñola, señalan afectados que ya han presentado denuncias formales ante la FGE.
Según registros de la propia dependencia, existen 13 denuncias por igual número de afectados y cuyos casos ninguno ha tenido avance: algunos tienen más de tres años.
Así también, hay de fraudes en redes sociales donde promocionan casas o departamentos en renta a particulares foráneos, y cobran los depósitos por adelantado, para luego desaparecer con el dinero.
De esta modalidad existen 10 denuncias con carpetas de investigación “congeladas”, que tampoco han tenido avance.
Las denuncias en su mayoría son en el tiempo en que Jericó Abramo Masso, actual diputado federal dirigía la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
También se vinculó recientemente con estos actos de corrupción a Isaac Montenegro, funcionario delgobierno de Coahuila.
