Nueva York, Nueva York. – (Agencias) Paullette Healy no creyó lo que le estaba pasado. Ahora puede contar la forma en que desde hace tres meses su vida se vio afectada: las pesadillas de su hijo menor, las horas que ha dedicado a recopilar pruebas de que es buena madre y un arduo proceso legal que se vislumbra arduo para limpiar su nombre.
Healy, que vive en Brooklyn, se ha visto investigada desde principios de noviembre y hasta el 1 de enero, por la Administración de Servicios para Niños (ACS por sus siglas en inglés), la agencias que investiga los casos sospechosos de abuso y negligencia infantil. Fue denunciada por “negligencia educativa” por no enviar a sus hijos a la escuela por miedo al Covid, aunque aleja que sus hijos se mantuvieron al día en forma remota.
El pasado otoño, las autoridades de la ciudad de Nueva York emitieron una guía para disuadir a los maestros a informar sobre los padres que mantuvieron en sus casas a sus hijos por miedo al Covid cuando reabrieron las escuelas. Aún así, muchos padres no pudieron evitar verse en las redes de servicios de protección infantil, un instrumento contundente que se ha dirigido desproporcionalmente a las familias de color de bajos ingresos que ya han sufrido el mayor daño de la pandemia.
El reporte que produjo la investigación de Healy fue por uno de los 2,400 que presentó el personal escolar de Nueva York al registro central de abuso y maltrato infantil en todo el estado, durante los tres primeros meses del ciclo escolar 2021-2022, un 45% más de lo reportado en el mismo periodo del año anterior, cuando la mayoría de los casi 1 millón de estudiantes de la ciudad de Nueva York recibían clases en línea.
Estar sujeta en las investigaciones de bienestar infantil puede ser devastador. Los cargos a las familias pueden permanecer durante muchos años en los registros, incluso como con Healy, en el que la agencia finalmente no encontró evidencias de negligencia. Trabajos en campos como el cuidado de niños y educación pueden olvidarse.
Pero, lo más grave es que los niños pueden ser separados de sus padres, una situación traumática que, según muestran los estudios, se asocia posteriormente con riesgos elevados de problemas de salud mental, tendencias criminales e incluso muerte prematura.
Un portavoz declaró al medio inglés The Guardian, que la agencias estaba brindando capacitación a profesionales que trabajan con niños sobre la forma de apoyar a las familias sin denunciarlas por negligencia.
Cuando en otoño, Nueva York anunció la apertura de las escuelas y la finalización de los cursos remotos, Healy se aterrorizó. Había sufrido muchas perdidas por la pandemia, más de una docena de familiares habían muerto por Covid. Rápidamente envió solicitudes de cursos en el hogar para sus dos hijos.
El distrito escolar más grande del país hizo una promesa a las familias, justo antes de que se reabrieran las escuelas. «La única vez que ACS intervendrá es si hay una clara intención de evitar que un niño reciba educación, punto», dijo la entonces canciller escolar, Meisha Porter. “Queremos trabajar con nuestras familias porque reconocemos por lo que han pasado”.
Los niños de Healy, inclusos cuando estaban a distancia, estaban aprendiendo. Dijo que ambos estaban accediendo y recibiendo cursos, incluso se había reunido con el personal de la escuela para desarrollar planes educativos para ellos.
Sin embargo, a principios de noviembre, un asistente de ACS tocó a la puerta de Healy. La agencia había recibido un reporte de sospecha de negligencia educativa de un maestro de la escuela de su hijo menor. Healy había entendido que una visita de ACS era posible.
Como miembro de PRESS, Parents for Responsive Equitable Safe Schools, había conocido a otros padres que habían impedido a sus hijos ir a clases en la pandemia y que habían sido investigados. Incluso ella había reunido recursos para informar a los padres sobre sus derechos ante la ACS. Pero su propia investigación la tomó por sorpresa. Pensó que estaba demasiada involucrada en la educación de sus hijos. en todo caso, no en haber cometido negligencia. “Siempre me he insertado en las escuelas, me quisieran allí o no”, bromeó Healy.
Familiarizada con sus derechos como madre, Healy no permitió que el asistente social entrara a la casa. Pero la visita fue discordante para toda la familia. Después de que la asistente social se fue, su hijo de 14 años, que tiene autismo, caminó de un lado a otro durante una hora, preocupado de que la mujer desconocida regresara con la policía, dijo Healy.
Su hijo de 13 años tenía pesadillas y temía que se los llevaran. Incluso Healy no pudo evitar pensamientos sobre el peor de los casos. “Uno automáticamente piensa: alguien está aquí para llevarse a mis hijos”, le dijo a The Guardian.
