El Instituto Nacional Electoral recibió la determinación adoptada por la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que mandata continuar con el proceso de Revocación de Mandato con el presupuesto existente e informa que acatará la decisión en sus términos.
No obstante, se mantendrá atento a la resolución de fondo que realice la SCJN respecto de la controversia constitucional que interpuso el 7 de diciembre reciente ante la insuficiencia presupuestal para la organización de este ejercicio de participación ciudadana, ya que, por lo pronto, la determinación comunicada este jueves 23 de diciembre por la SCJN tiene carácter de provisional y no resuelve el fondo del asunto.
La determinación de fondo será fundamental para atender el mandato expreso de la Ley de Revocación de Mandato que, en su artículo 40, señala que la jornada de Revocación de Mandato debe sujetarse al procedimiento dispuesto para la celebración de elecciones federales.
Así como el señalamiento del artículo 41 que determina la obligación del INE para habilitar la misma cantidad de casillas que fueron instaladas para el proceso electoral anterior, es decir, más de 161 mil, cuya integración sea por parte de ciudadanas y ciudadanos que integrarán las mesas receptoras en los términos que determina la ley.
Estos mandatos de ley suponen una inversión de 3 mil 830 millones de pesos, programados en el Proyecto de Presupuesto entregado por el INE, ante la posibilidad de que se cumplieran los requisitos y se convocara el ejercicio de Revocación de Mandato.
La Cámara de Diputados realizó un recorte de 4 mil 913 millones de pesos, lo que dejó al Instituto sin los recursos necesarios para llevar a cabo el ejercicio de participación ciudadana.
El INE cuenta con mil 503 millones de pesos para organizar la Revocación de Mandato derivado de ajustes y recortes en proyectos, frente a lo cual se deberán analizar las implicaciones que la resolución de la SCJN tendrá en el desarrollo de todas las actividades, pues señala que del acuerdo tomado por este órgano “se desprende el indicador de viabilidad financiera para aplicar recursos al procedimiento de revocación de mandato, y así desarrollarlo (incluyendo todas sus etapas) dentro de ese margen presupuestario”.
En ese sentido, para acatar la resolución incidental de la Comisión de Receso de la SCJN, la Secretaría Ejecutiva coordina a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, para analizar escenarios y modificaciones a todos los procedimientos y actividades que implica el ejercicio democrático para ajustarse a ese limitado presupuesto.
